Local 

Fin a los bloqueos… ¿Por decreto?

Isidoro YESCAS

Organizado (y financiado) por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Oaxaca que dirige el controvertido funcionario muratista (en sus dos ediciones) José Manuel Vera Salinas, el viernes 24 de noviembre tuvo lugar en ésta ciudad uno más de los foros que a lo largo y ancho del país promueve el Colectivo de Análisis dela Seguridad con Democracia (CASEDE), en coordinación con otros organismos civiles y académicos e instituciones del sector gubernamental, para revisar el estado que guarda el sistema de seguridad pública en México y los comos y por qués del avance y posicionamientos del crimen organizado y de la violencia que ha colocado a México como uno de los países más violentos e inseguros en América Latina.

Pues el mismo día que Sergio Aguayo dictaba una conferencia magistral en ese simposio oficial para comentar sobre el tema, sin atreverse a hacer referencia a lo que sucede en Oaxaca, postura “diplomática” que también asumieron los académicos invitados al foro, el gobernador Alejandro Murat ofreció en otro foro, y ante empresarios del ramo turístico, presentar  en breve a la LXIII legislatura local  una iniciativa de ley para “terminar” con los bloqueos en el estado.

De acuerdo al boletín oficial que dio cuenta de lo expresado por el jefe del poder ejecutivo “el gobernador indicó que su iniciativa plantea el uso gradual de la fuerza pública, así como sanciones, a quienes afecten con sus bloqueos a los ciudadanos”.

La iniciativa no deja de ser una buena intención y resultado, además, de la incapacidad de su gabinete para analizar y revisar la larga y abundante narrativa acumulada a lo largo de por lo menos cuatro sexenios en materia de conflictividad social y política en la entidad,  que lo mismo está vinculado a una cadena de complicidades y corruptelas estimuladas desde los tres niveles de gobierno, pero sobre todo por los grupos de poder enquistados en el poder ejecutivo, que a la acumulación y falta de respuestas afirmativas del sector público a las demandas de una multiplicidad de organizaciones sociales, sindicales, comunitarias y políticas que en cada sexenio renuevan y elevan el nivel de sus presiones y movilizaciones al punto que hoy han hecho imposible la paz social y gobernabilidad en Oaxaca.

En febrero de este año, a dos meses del inicio del cambio de régimen, escribimos lo siguiente:

“Ante el creciente deterioro social, político y económico que ha sufrido Oaxaca en diversas etapas (y que) han rayado en la ingobernabilidad y colocado a los gobiernos locales contra la pared, tal vez ya va siendo hora que los poderes ejecutivo y legislativo tracen una ruta consensada de gobernabilidad y progreso a través de un amplio  ejercicio de participación ciudadana. De lo que se trataría es que en forma coordinada ambos poderes convocaran a dirigentes sociales, políticos y empresariales así como a sectores representativos de la sociedad a una serie de encuentros de análisis y reflexión sobre los grandes problemas que en esta materia ha enfrentado Oaxaca (para plantear) alternativas de corto y mediano plazo que podrían ser viables para devolverle  respeto y credibilidad a las instituciones y al mismo tiempo establecer una nueva relación entre gobernantes y gobernados” (Noticias, febrero 17 del 2017).

Poco o nada se ha hecho desde entonces, por ambos poderes, para revertir estos escenarios, con excepción de un tibio intento de la fracción parlamentaria del PAN para regular las marchas y manifestaciones.

Hoy, en la coyuntura de uno de los procesos electorales que se anticipan los más complejos y competitivos, el gobernador AMH pretende, mediante una iniciativa que al parecer ni siquiera su propio partido conoce, regular, frenar y/o sancionar a centenares de organizaciones sociales, si como a sindicatos que se han empoderado por las propias contradicciones y complicidades de autoridades de distintos gobiernos  y por un ambiente de impunidad y tolerancia institucional, que difícilmente podrá ser revertida por decreto o por el ejercicio de un poder de cuya legalidad nadie duda, pero cuya legitimidad a cada rato es puesto en duda.

Pero el reto ya está lanzado y ahora habrá que estar atentos cómo será procesado por la LXIII legislatura para que esta ley no nazca muerta.

Twitter: @YescasIsidoro

Noviembre 27 del 2017.

 

 

 

 

 

 

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